MENOSCABO DE LOS DD. HH.

MENOSCABO DE LOS DD.HH.

Es incomprensible que ciertos sectores de la sociedad intenten menoscabar y desprestigiar la valoración y el reconocimiento de los llamados Derechos Humanos, o derechos fundamentales que son de todos en el sentido universal de la vigencia de los mismos. Por una parte habría ignorancia en este menoscabo pero también deseos de venganza y una buena dosis de distorsión ideológica. El argumento de desprestigio que se utiliza es una suerte de falacia que busca confundir el objetivo y el ámbito específico de los Derechos Humanos que  se traduce en una pregunta de por sí inquietante: ¿Y el derecho de las víctimas? Lo que buscan y en gran medida consiguen los detractores de los Derechos Fundamentales es que los que cometan actos delictivos, o los sospechosos o indiciados de cometerlos, ya no gocen de la plenitud de los derechos que les corresponden por su condición de persona humana.  Aun en el supuesto del peor criminal, al momento de entregarse, el estado está obligado a respetar su vida,  a darle a conocer sus derechos,  a asegurarle un juicio justo, a dotarle de un defensor si es reo pobre y en ningún caso puede ser sometido a tortura.  El juez de la causa determinará su culpabilidad o inocencia y le aplicará la pena que corresponda.  Cuando el policía le golpea al detenido que ya no ofrezca resistencia, o le implante pruebas incriminatorias, incurre en delito, comete un abuso y debe ser imputado y enjuiciado porque está obligado a responder por sus actos cuando inflige la ley  y además compromete al Estado que tiene responsabilidad con relación a la actuación de los miembros de sus fuerzas públicas. Es el caso del joven Richard Pereira, que después de entregarse, fue obligado a arrodillarse y estando en esa posición recibe un disparo del personal policial que le había reducido ocasionando que el plomo quede incrustado en su espina dorsal dejándole parapléjico.  Le dejaron abandonado a su suerte. El estado podrá ser demandado y eventualmente condenado a pagar una fuerte indemnización independientemente del juicio a que sea sometido el actor del disparo. En el diario ABC color del 3 de octubre de 2016, la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) informó que el Estado Paraguayo aceptó su responsabilidad en el asesinato del dirigente campesino Eulalio Blanco, ejecutado por la policía en junio del 2003, durante una protesta de “cedroneros”  en el cruce de Santa Rosa del Aguaray. Aparte de asumir la responsabilidad y pedir disculpas a los familiares, tuvo que firmar a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional, un acuerdo de reparación por los daños causados. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que había recibido la denuncia de la viuda del campesino, había dictaminado que el Estado paraguayo tiene que dar una respuesta rápida a la viuda y castigar a los responsables del homicidio y no cometer más violaciones similares en el futuro. El Estado paraguayo sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos en la condena de los campesinos de Curuguaty, en el desalojo de Guahory y de otras comunidades indígenas. En el norte, hay varias muertes  como el del campesino Julián Ojeda Espínola y de los hermanos Ovelar en Kurusú de Hierro y del joven minusválido Agustín Ledesma, ocasionadas por  las Fuerzas de Tarea Conjunta que ni siquiera fueron investigadas. “Nuestro sistema de justicia cuenta con déficit muy graves en materia de imparcialidad y eficacia. Gran parte de los Derechos Humanos que tenemos en Paraguay pasan por el Poder Judicial ya sea por acción u omisión. En el primer caso hace cosas abusivas sin respetar los límites de la legalidad. En el segundo, no hace lo que debería, como perseguir y sancionar a los poderosos cuando cometen actos punibles, situaciones que quedan en la impunidad mayormente. La validez de la democracia queda en entredicho si un Estado carece de un Poder Judicial capaz de hacer cumplir la ley de manera igualitaria” Hugo Valiente, abogado especializado en Derechos Humanos, en el artículo publicado en la Revista Vida de Última Hora del sábado 1 de octubre de 2016, con el título de “El Estado no cuida a sus conciudadanos” ¿Y el derecho de las víctimas? Las víctimas podrán reclamar sus derechos cuando sus victimarios permanezcan impunes sin que la justicia cumpla con su obligación. Se cometería  un grave error de consecuencias imprevisibles si se pretende combatir al crimen con abuso de poder y violación de las leyes vigentes. Es de justicia y de responsabilidad ciudadana asumir esta postura, aunque eso cueste la descalificación de ciertos sectores del poder totalitario de tinte fascista. La vigencia de los Derechos Humanos, es una garantía y un bien que debe ser valorado y defendido por todos los ciudadanos de todos los pueblos que aspiran a vivir en paz dentro de la libertad, la justicia y la democracia.