FUEGO, TRACTOR Y CENIZAS

FUEGO, TRACTOR Y CENIZAS

Los verdaderos dueños de la tierra no tienen donde vivir. Todavía no se había disipado la humareda y el polvo del desalojo de los campesinos de Guahory en el distrito de Tembiaporá de Caaguazú cuando se conoció de otro desalojo todavía más doloroso porque se trataba de una de las 36 comunidades indígenas Ava Guarani, que deambulaban por el monte desterradas por la obra hidroeléctrica de Itaipú bajo la amenaza de que los territorios que ocupaban serían inundados y que contaban con la promesa de ser asistidas por la empresa binacional, asistencia que nunca se materializó. Se trata de la comunidad indígena el Sauce Ava Guaraní del distrito de Minga Porá, Alto Parana. Se conoció del caso por los medios alternativos porque la prensa comercial lo omitió totalmente. Claro se trataba de unos pobres indígenas.  Pero precisamente por eso, el hecho adquirió dramatismo especial, porque se procedió de la misma manera, con policías y patrulleras, incendiando las casas, el templo y la escuela, arrasándose con tractores para que desaparezca todo vestigio del poblado indígena.  La orden del desalojo lo obtuvo, una vez más un sojero extranjero de la zona, del Juzgado de Minga Porá. Esta comunidad indígena había regresado a su lugar de origen al comprobar que no había sido inundado. Era el lugar de sus ancestros. Cuando fueron amenazados por las fuerzas policiales regresaron al bosque dejando todos sus pocos enseres que fueron quemados a excepción de los muebles de su escuela que pudieron esconder de antemano. Los bancos y pupitres simbolizaban mucho para ellos porque amaban a la escuela y estaban  seguros de que la maestra volvería a encontrar a sus niños.  Lo que hicieron con esta comunidad es un atropello violento e imperdonable.  Ya la famosa hidroeléctrica que defendió distintas especies de animales destinándolas  a reservas, no prestó la misma atención a estas comunidades indígenas dejando que sus miembros mueran en el desamparo. El desalojo no es aplicable con las comunidades indígenas. En todo caso se hubiera buscado alternativas para asegurarle un lugar de radicación. No se puede adquirir un inmueble donde se asienta una comunidad indígena. Es muy probable que si existió una orden de desalojo que el juez haya cometido  prevaricato y tendrá que ser enjuiciado.  Cabe igualmente la denuncia internacional a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, que de seguro pedirá informe al estado paraguayo ¿Qué le responderá el estado? Le dirá que había necesidad de ampliar la producción de soja y por eso los expulsaron.  De esta manera una vez más el estado paraguayo podrá ser advertido y enjuiciado e incluso sentenciado y obligado a pedir perdón y reponer la tierra a la comunidad indígena afectada, como ha ocurrido en otros casos. El Paraguay ha suscrito el compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos y no puede permitir que sean desalojadas las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales dejando que sus templos y escuelas sean incendiados.  No se puede permitir que la ambición desmedida de empresarios nacionales o extranjeros imponga la sumisión a nuestro pueblo violentando los derechos fundamentales en detrimento de nuestra propia soberanía nacional.