El país
suscribió todos los pactos internacionales en salvaguarda de la vigencia de los
derechos humanos y sin embargo hasta ahora no se puede desterrar de nuestro
medio la miserable práctica de la tortura. La denuncia fue formulada con todos
los detalles por el Senador Nacional Luis Alberto Wagner este mediodía a través
del informativo del canal Telefuturo. Se
trata de ocho campesinos apresados y torturados por la policía en la localidad
de Capiíbary, Departamento de San Pedro. Según la policía actuaron sin orden
judicial ante la denuncia, del administrador de la estancia que ocupa el
terreno en litigio, de desaparición de algunas reses y el corte de una parte
del alambrado. Según los campesinos fueron aprehendidos cuando se interesaron
por la suerte de sus compañeros que intentaban defender sus pocos cultivos que
quedaron en el lugar del desalojo. El Senador Wagner afirma que la policía
miente y que la tortura fue inmisericorde, haciéndoles acostar a los detenidos
a quienes pisotearon y golpearon sus oídos hasta lastimarles gravemente.
El litigio
está planteado sobre la convicción que tienen los agricultores del lugar, de
que el propietario, el abogado Gustavo De Gasperi, ocupa una extensión mayor
del predio que le fuera adjudicado por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), es decir
alambró terreno que pertenece al Indert, tierra que debe ser destinado a los
productores campesinos. Como antecedente
cercano, está el desalojo del asentamiento campesino del lugar con la quema de
alrededor de 300 viviendas, incluyendo la escuela del lugar que también fue
derribada. Todo se hubiera solucionado con una mensura de la propiedad que confirme si el predio en litigio,
realmente le pertenece al abogado en
cuestión o le corresponde al INDERT,
pero extrañamente el señor De Gásperi se opone a la realización de la mensura y
logra que el poder judicial dictamine a favor de su pedido. La oposición a esta
mensura hace presumir que existe ese predio que no le corresponde. Si los campesinos
ocupan un terreno son invasores ilegales y son violentamente desalojados, sin
embargo cuando los grandes propietarios alambran tierras fiscales de manera
ilegal, tienen la protección de jueces, policías y agentes fiscales. ¿Cómo el
INDERT no puede transparentar esta situación de la tenencia de la tierra en el
mencionado predio? ¿Cómo se puede desalojar, quemar ranchos, y destruir los
cultivos de pequeños agricultores, a pedido de supuestos propietarios que no
acrediten suficientemente la legitimidad de la propiedad? ¿Por qué el
Ministerio del Interior y la Fiscalía
General
Comentarios
Publicar un comentario