REFORMA DEL PODER
JUDICIAL.
La corrupción no
hubiera tenido tanto éxito en nuestro país si el Poder Judicial ejerciera su
función de impartir justicia evitando de esa manera la vigencia omnipresente de
la impunidad. Pero ¿cómo se podrá conseguir un Poder Judicial ecuánime,
eficiente y autónomo si los principales cargos y nombramientos dependen de la
decisión política partidaria? De ahí deviene que la causa primera de tener un
Poder Judicial deficiente y sometido, es la corrupción política reinante. La
corrupción política de esa manera se convierte en causa y efecto. Una paradoja
que necesariamente se deberá desentrañar para tener alguna posibilidad de
recuperación y crecimiento institucional en el país. Se depende demasiado del Poder Legislativo que tiene preeminencia
sobre los demás poderes y será muy difícil mejorar la selección de los
integrantes del Congreso Nacional porque eso depende a su vez de los cuadros
partidarios manejados por la dirigencia corrupta. La elección de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia debería ser un punto de partida
importante en la reforma del Poder Judicial pero es imposible salvar la valla
del cuoteo político que es utilizado como sistema de selección. El cuoteo
político no hubiera significado un grave imponderable si no fuera por la
mediocridad de la clase política que tenemos. Todos los grupos políticos quieren tener un representante en la máxima
instancia judicial y no precisamente para que haya equilibrio y mutuo control
sino para tener un ministro en la Corte en deuda de compromiso con el grupo
político que lo promocionó. De ahí deviene en gran parte toda nuestra desgracia
de la impunidad. Este criterio ya se maneja a nivel del Consejo de la
Magistratura encargada de seleccionar las ternas para la designación de un
Ministro de la Corte. En la selección y nombramiento de la nueva Ministra de la
Corte, se faltó el respeto a numerosos profesionales del derecho, quiénes confiados
en la promesa de que se tomará en cuenta los méritos de los concursantes para
la integración de la terna, sin ser advertidos de que los mismos deberían ser
del Partido Colorado, porque se estaba eligiendo al reemplazante de un Ministro
renunciante de la misma afiliación política, en base al cuoteo político. En este momento hay dos miembros de la
Corte con mandato vencido si no rige la estabilidad para los mismos, y otros
tres que serán sometidos a juicio político. Será clave la selección de cinco
Ministros de la Corte, para tener alguna posibilidad de que mejore nuestra
justicia. Por de pronto hay una Comisión de Reforma del Poder Judicial que
no avanza en sus gestiones y probablemente no aportará mucho porque no puede
atacar el problema de fondo. Se habla de
desvincular a la Corte de las tareas administrativas, implementar los procesos
orales, fijar plazo máximo para la expedición sobre las acciones de
inconstitucionalidad, asegurar que los ciudadanos puedan presentar denuncias
por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y exigir como
requisito a los futuros magistrados la carrera judicial. En realidad poco y
nada. Lo más probable es que seguiremos siendo el gran país de la
impunidad. Otra vez lo único que nos queda es la presión social. Es la ciudadanía la que tendrá que hacer
oír sus voces de reclamos. Las esperanzas recaen en la vigencia de la soberanía
popular. Si no se consigue que la ciudadanía se organice y se fijen metas de
luchas y objetivos, podemos seguir
soportando por mucho tiempo el tremendo peso de la injusticia y de la
impunidad.
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