UN CASO PARA PENSAR.
El derrumbe del techo
de unas de las aulas del Colegio Nacional de la ciudad de Lambaré fue punto de
partida para una serie de situaciones que se fueron dando en torno a la
responsabilidad en el hecho del Intendente de la Ciudad actualmente renunciante
al cargo pero en proselitismo para acceder de nuevo al cargo en las elecciones
municipales del 15 de noviembre próximo. La obra fue mal hecha, fue sobre
facturada, no se cumplieron los procedimientos de Contrataciones Públicas, la empresa
constructora carece de antecedentes profesionales adecuados y los materiales
utilizados en la obra eran de muy baja calidad. La vida de docentes y alumnos
corrieron peligro. No hubo muertos pero sí heridos y contusos. De ahí surgieron
las preguntas claves. ¿Tiene responsabilidad el Intendente? ¿Configura un
delito penal? ¿Se da el caso de una malversación y lesión de confianza?
Dentro de las situaciones generadas a partir del hecho se destacan las protestas y manifestaciones de los
alumnos del colegio mencionado, las protestas y manifestaciones de los vecinos
y padres de alumnos y la intervención de la Fiscalía. Cuando la fiscala del caso Blanca Aguero estaba a punto de tomar
declaración a un testigo clave en la imputación por el derrumbe del techo del
Colegio los abogados del imputado Roberto Cárdenas, consiguen apartar a la
Fiscala por la vía de la recusación. Reconfirmada ésta por el Fiscal General,
amplía la imputación por sobrefacturación por el servicio de alimento escolar,
y otra vez la defensa la impugna y recurre a la Corte donde su intervención
queda en suspenso. El nuevo fiscal asignado al caso no encuentra méritos para
la imputación y levanta la orden de captura de su colega. Primera
consideración: ¿Por qué hay tanta diferencia entre un fiscal y otro? ¿De
qué manera la chicanería puede permitir la impunidad de un sospechoso?
Segunda consideración: A la caída
del techo del Colegio Nacional de Lambaré siguieron otras caídas, quedando al
descubierto que otras numerosas obras en escuelas y colegios fueron escenarios
de construcciones deficientes extendiéndose de esa manera la situación de
peligro para alumnos y docentes, dejando palpable y al descubierto la
malversación y robo generalizado de los recursos del (FONACIDE) Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo.
Quedó también al descubierto la incapacidad o la falta de voluntad de la
Contraloría General de la República para ejercer el control correspondiente y
en los pocos casos controlados, la ineficacia se traslada a la Fiscalía General
que no investiga y no imputa dejando así que la impunidad se imponga a lo largo
y ancho del país. Tercera consideración. ¿Por qué todas las estructuras partidarias e incluso de parte del
propio gobierno defienden tan tenazmente a un “intendentable” corrupto como es
el caso de Roberto Cárdenas? ¿Será que su condena puede ocasionar una sucesión
de caídas de un tendal de intendentes como las fichas del juego de dominó? Si
el pretexto es defender el poder, ¿Qué clase de poder se puede sustentar sobre
la base de la corrupción? ¿Acaso no causa perjuicio a un partido político ser
representado por un corrupto? Si el poder se construye sobre cualquier precio
¿para qué servirá ese poder? Naturalmente no será para gestionar el bien común
de la nación. Entonces ¿qué otros extraños objetivos o pretextos pueden estar escondidos detrás de una situación como esta? La
ciudadanía tiene derecho a manifestarse y a pedir las aclaraciones pertinentes.
Tiene derecho a reclamar justicia y castigo a los delincuentes. En estos hechos
están comprometidos el presente y el futuro del país.
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