EL
PRESTANOMBRE.
Debe ser
considerado otro importante éxito de la prensa y de las redes sociales el hecho
de que el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra ) haya tomado la
decisión de revocar la Resolución N3.999 hectáreas a
favor del Señor Marcial Speranza, secretario del Diputado José María Ibáñez. La
revocación está fundada en el incumplimiento de dos condiciones establecidas en
el Estatuto Agrario, referidas al plan de inversión y el abandono del lote.
El supuesto
prestanombre del Diputado Ibáñez, supuesto porque todavía sigue siendo
investigado por la Fiscalía ,
se presentó ante el INDERT como un potentado ganadero, y por lo tanto en
condiciones de realizar la inversión mínima obligatoria de 1.200 millones de
guaraníes, en cuatro años (2009-2012), cuando en realidad contaba con un
salario básico de 3 millones de guaraníes, que percibía de la Cámara de Diputados de la Nación , dónde prestaba
servicio a cargo de su jefe el Diputado José María Ibáñez.-
Algunas
consideraciones respecto al caso. En primer lugar duele reconocer que el
negociado de la tierra en el Paraguay sigue casi tan vigente como en la época
de la dictadura durante la cuál se enajenaron millones de hectáreas en base a
la corrupción y al clientelismo. Hoy por hoy, de alguna manera sigue igual,
como puede constatarse con el caso de una familia que detenta más de 32 mil
hectáreas en el Chaco, a través de solicitudes y adjudicaciones a sus miembros con fines de
especulación. Hasta ahora, ni siquiera fue anulada una adjudicación hecha a
favor del jefe de la familia, a pesar de ser ilegalmente beneficiado por la
cesión de derecho de un hijo después de su fallecimiento.
Existen
otras legislaciones que a la larga, como resultado del cumplimiento de sus
disposiciones, harán cada vez más difíciles el blanqueo de la corrupción. Una
de ellas es la obligatoriedad para todo funcionario público de la presentación
de la declaración jurada de bienes antes de asumir y hasta 15 días después de
dejar el cargo. El incumplimiento contempla severas sanciones. Los muchachos ya
están buscando la vuelta para ver como atemperar sus efectos: No están de
acuerdo que se obligue el informe de depósitos e inversiones en el exterior,
que se informe de los gastos locales, o se informe de los ingresos y bienes de
la esposa. Están buscando alguna salida de inconstitucionalidad para ello. Para
el sector privado, como una manera de seguir cerrando el cuello de la botella,
están vigentes la ley del Impuesto a la Renta Personalla Ley contra el Enriquecimiento
Ilícito. El prestanombre está en extinción. En algún momento, no sé cuando,
cada ciudadano tiene que tener la posibilidad y la obligación de demostrar de
dónde y de qué manera obtuvo los bienes que posee. Es posible que nunca se
anule del todo la corrupción, pero de cualquier manera, estas legislaciones
apuntan a dificultarla, y a encaminar a la ciudadanía hacia la honestidad que
puede favorecer la vida digna que tanto necesita nuestro país.
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